Cuadro resumen. Se incluye el modelo resumen anual donde deben ser declaradas las retenciones, con indicación de la clave de declaración correspondiente y el acceso al servicio de cálculo de retenciones de la AEAT para el año 2024.
Cuadro tipos retención IRPF 2023-2024
Fuente: Agencia Tributaria
Se trata de un Reglamento que sustituirá a la Directiva Europea sobre Morosidad, por lo que tendrá un carácter inmediato y directamente aplicable a cada legislación nacional. A partir de su entrada en vigor, las empresas tendrán que pagar en un máximo de 30 días, en lugar de en los 60 permitidos hasta ahora.
El pasado 12 de septiembre la Comisión Europea presentó la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta nueva norma, que derogará una vez sea aprobada, la Directiva actualmente vigente (Directiva 2011/7/UE de Lucha contra la Morosidad), contempla importantes novedades, como reducir el límite máximo de pago, eliminar las ambigüedades de la Directiva actual y regular las lagunas legales existentes.
¿Por qué?
Porque tal y como indica Antoni Cañete, presidente de la plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), la morosidad no solo obstaculiza la competitividad, sino que también aumenta la incertidumbre y reduce la participación de las pymes en la contratación pública. Además, incrementa las necesidades de capital circulante, el coste por el tiempo invertido en reclamar a los deudores y los gastos de financiación.
La morosidad en el pago de facturas representa un problema sistémico para la economía de la UE, afectando a empresas de todos los sectores y de todos los estados miembro, y de manera especialmente grave a las pymes, que dependen de flujos de efectivo regulares y previsibles.
El aplazamiento de los pagos por parte de las empresas, una costumbre más arraigada cuanto mayor es su tamaño, genera cientos de millones de pérdidas anuales a autónomos y pymes, que se ven obligados a endeudarse para poder disponer de liquidez, una situación cada vez más comprometida, si cabe hoy en día, por el encarecimiento del precio del dinero.
Prácticas prohibidas o nulas:
• Fijar un plazo de pago superior a 30 días,
• excluir o limitar el derecho del acreedor a cobrar los intereses de demora o el derecho a obtener una compensación por los costes de recuperación,
• ampliar la duración del procedimiento de verificación o aceptación más allá del plazo establecido de 30 días. Sólo se permitirá la verificación, si es necesaria por la especial naturaleza del contrato y
• retrasar o impedir intencionadamente el momento del envío de la factura.
Igualdad y aplicación directa
Con el Reglamento propuesto, aspectos clave, como el plazo máximo para los pagos y los procedimientos de verificación, el tipo de interés por pagos atrasados y el importe de la compensación mínima, serán los mismos en toda la UE y de directa aplicación.
¿Por qué?
Porque, a diferencia de una directiva, un Reglamento es directamente aplicable y establece las mismas disposiciones en todo el territorio europeo, beneficiando así especialmente a aquellas empresas que dependen del comercio transfronterizo.
Plazo de pago
La nueva propuesta de Reglamento simplifica las disposiciones actuales e introduce un plazo de pago máximo único de 30 días para todas las transacciones comerciales, incluidas las relativas a las realizadas entre empresas y a las transacciones entre entes públicos/AAPP y empresas.
En concreto, “en operaciones comerciales, el plazo de pago no excederá de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la factura o solicitud de pago equivalente por parte del deudor, siempre que éste haya recibido los bienes o servicios”.
El anterior plazo será de aplicación para toda la UE y no afectará a los plazos de pago más cortos establecidos en la legislación nacional con el fin de garantizar la seguridad jurídica.
¿Por qué?
Porque la Directiva vigente establece un plazo de pago mínimo de 30 días en transacciones entre empresas. Un plazo que puede ampliarse hasta los 60 días o más “si no es manifiestamente injusto para el acreedor”. En la práctica, la ausencia de un plazo máximo de pago efectivo y la ambigüedad en la definición de “extremadamente injusto” ha llevado a una situación en la que, a menudo, se imponen plazos de pago de 120 días o más a los acreedores más pequeños.
Protección a los acreedores
El futuro Reglamento pretende proteger mejor a los acreedores frente a sus deudores. Así, las nuevas normas proponen que el pago de los intereses de demora sea automático y obligatorio hasta el abono de la deuda. Además, y a diferencia de la Directiva actual, según la nueva propuesta, el acreedor no puede renunciar a su derecho a reclamar intereses de demora. Una disposición o práctica contractual en contrario sería injusta y, por tanto, nula y sin efecto jurídico.
Por tanto, el acreedor queda liberado de la carga de reclamar el pago de los intereses, que se convierten automáticamente en una obligación de los deudores cuando pagan con retraso. El tipo de interés de demora continuará siendo un +8% superior a los tipos de referencia del BCE. Para aquellos miembros de la UE cuya moneda no es el euro, el tipo de referencia lo fijará el banco central nacional. Además, la propuesta de Reglamento aumenta la compensación mínima (cantidad fija) de 40 € (o equivalente) a 50 € (o equivalente) por transacción comercial pagada con retraso.
Los intereses de demora comenzarán a devengarse a partir del último de los siguientes acontecimientos: la recepción por parte del deudor de la factura/solicitud de pago equivalente o la recepción por el deudor de los bienes o servicios.
¿Para qué?
• Para evitar que los malos pagadores puedan financiarse 30 días gratis, lo cual cobra gran importancia en el actual escenario de mayores tipos de interés en Europa.
• Para acabar con la injusticia que se produce cuando es el propio acreedor quien debe hacerse cargo de los intereses de demora generados por el retraso en el pago.
Supervisión, control y poder sancionador
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables a las infracciones del Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. En concreto, los Estados miembros fijarán las autoridades encargadas de controlar y garantizar la aplicación de las normas. Estas autoridades podrán imponer o iniciar procedimientos para la imposición de multas y otras sanciones y medidas cautelares a los sujetos responsables de la infracción, además de realizar inspecciones in situ sin previo aviso en el marco de sus investigaciones y exigir al deudor que ponga fin a la infracción.
¿Por qué?
Porque la sanción forma parte de los principios mismos del derecho, pues no hay ordenamiento jurídico completo que no abarque la posibilidad de una sanción para castigar los incumplimientos. Las normas con que una sociedad se regula a sí misma son formales y deben ser obligatorias, o de otro modo la gente podría elegir cuándo obedecerlas o, no.
Mediación
Además, los Estados miembros de la UE establecerán un sistema nacional de mediación (o instrumentos de resolución alternativa de disputas, ADR por sus siglas en inglés) para resolver disputas de pago en transacciones comerciales. Un sistema del que promoverán su uso voluntario para preservar la relación contractual entre deudor y acreedor, al tiempo que buscarán proporcionar una resolución rápida a la disputa de pago entre las partes sin menoscabar la adecuada implementación de las reglas.
¿Por qué?
Porque la creación de mecanismos de mediación permitirá a las empresas ahorrar, al menos, 27 millones de euros al año en casos judiciales evitados, preservando al mismo tiempo las relaciones comerciales con sus clientes. En última instancia, estos resultados aumentarían la confianza entre los actores implicados.
Momento de entrada en vigor del Reglamento
Una vez adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, las nuevas normas serán aplicables un año después de la entrada en vigor del Reglamento, para permitir a los actores pertinentes (por ejemplo, AAPP, empresas) tomar las medidas necesarias para cumplir con las nuevas normas. Además, debe tenerse en cuenta que las transacciones comerciales realizadas después de la fecha de aplicación del Reglamento estarán sujetas a las disposiciones del Reglamento, incluso cuando el contrato subyacente se haya celebrado antes de esa fecha.
Fuente: CEPYME Circular nº 808/ 03 LEG/ 2023 15 de septiembre 2023
La manera correcta en la que se numeran las facturas es de forma correlativa. Lo dice el artículo 6.1.a) del Reglamento de facturación y parece de sentido común, por lo que, en principio, poco que añadir. Como casi siempre, el tema es un poco más complicado de lo que parece.
En absoluto. Ni la norma reguladora de la materia ni las necesidades de control a las que sirve esta obligación establecen semejante cosa. En particular, y desde el punto de vista del control, de lo que se trata es de asegurarse que el total de facturas emitidas por cualquier empresario o profesional esté recogido en su libro registro de facturas emitidas y, en consecuencia, declarado, de forma que no haya diferencias entre el IVA repercutido a clientes y el declarado a la administración tributaria. A este respecto, el hecho de que el primer número del año, del trimestre o del mes sea el uno o sea cualquier otro es absolutamente irrelevante.
Esto, en principio, habría que evitarlo, ya que supone un incumplimiento de la obligación que venimos analizando.
La doctrina administrativa, sin embargo, ha mostrado una cierta flexibilidad a este respecto, señalando que se debe entender cumplido este requisito cuando, por un error en la aplicación informática, se produce un saldo en la numeración correlativa de las facturas, siempre que quede debidamente acreditado y no se dificulte la comprobación administrativa (contestaciones de 16-11-09, V2517-09, ó 19-2-13, V3637-13).
Efectivamente, se puede hacer.
De hecho, incluso hay supuestos en los que la utilización de series separadas es obligatoria, que son los de facturas emitidas por destinatarios o terceros, rectificativas, adjudicaciones judiciales o administrativas, entregas de bienes en las que se aplique la inversión del sujeto pasivo, operaciones realizadas por contribuyentes en el régimen de grupos de entidades cuando se aplica el nivel avanzado y emisión de facturas simplificadas junto con facturas completas.
La utilización de series separadas es facultativa en cualquier otro caso, siempre que haya razones que lo justifiquen.
En consecuencia, corresponde a la empresa la decisión de cuándo utilizará series separadas de facturación, ello al margen de los casos en que es obligatoria, que ya hemos mencionado. Algunos ejemplos en los que es habitual que así se haga es cuando se dispone de varias sedes de actividad, líneas de producto, representantes comerciales, etc.
Para concluir, una obviedad: en caso de que se usen series separadas de facturación, tanto la numeración correlativa como la indicación de las series separadas se tendrá que consignar en factura y, en caso de que el contribuyente esté incluido en el SII, informarlo convenientemente.
Fuente: Asesor Excelente
El día 6 de octubre de 2022 se ha publicado en la página del Ministerio de Hacienda y Función Pública el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
Respecto al Impuesto sobre la Renta se aumenta la reducción de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas y el límite de la obligación de declarar cuando se perciben rentas del trabajo de más de un pagador. También se eleva la reducción en 2023 para los contribuyentes que determinan sus rendimientos en estimación objetiva y se aumenta el porcentaje que se aplica a los gastos de difícil justificación para quienes determinar el rendimiento en estimación directa simplificada; se regulan nuevos límites a las aportaciones a los planes de pensiones y se establecen dos tramos más en la tarifa del ahorro para rentas superiores a 200.000 euros.
Tanto en el régimen de estimación objetiva en el IRPF, como en los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, se prorrogan los límites establecidos para 2022.
Respecto al Impuesto sobre Sociedades se establece un tipo reducido de gravamen del 23 por 100 para las empresas que facturan menos de 1.000.000€ y no sean entidades patrimoniales.
En el IVA se producen un surtido de modificaciones, como la rebaja del 10 al 4 por 100 del tipo aplicable a las entregas de compresas, tampones y preservativos, o la modificación de la regla especial del uso efectivo en relación con la tributación de los servicios y la modificación del mecanismo especial de inversión del sujeto pasivo en determinados supuestos. En el IGIC destacan las medidas para armonizar la normativa del Impuesto con la del IVA.
También se actualizan los coeficientes de actualización para determinar la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y se establece un régimen especial para las Islas Baleares.
PRINCIPALES NOVEDADES DE LA NUEVA REFORMA LABORAL FEBRERO 2022
El pasado 30 de diciembre de 2021 se publicó el Real Decreto Ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
A continuación, les detallamos los aspectos más relevantes de esta norma:
Contratación indefinida
Los contratos se presumen concertados por tiempo indefinido. Se reducen las modalidades de contratación disponibles. Solo existirá un contrato de duración determinada, que podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora.
Límites a la contratación temporal
■ El contrato eventual por circunstancias de la producción, para situaciones imprevisibles o por desajuste temporal de empleo no podrá durar más de seis meses, ampliables hasta otros seis meses si así se establece por convenio colectivo, o, para hacer frente a situaciones ocasionales, previsibles y de duración reducida y delimitada, se podrá contratar con una duración máxima de 90 días al año, nunca de manera continuada.
■ Los contratos de sustitución permitirán cubrir la suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo, la jornada reducida por causa legal o convencional y las vacantes durante un proceso de selección sin exceder de tres meses.
Desaparece el contrato de obra y servicio
Se elimina el contrato de obra y servicio, aunque los contratos por obra y servicio actuales podrán seguir vigentes un máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la reforma laboral.
Modalidades de contratos formativos
■ El contrato de formación en alternancia, permite adquirir la competencia profesional adecuada correspondiente a un determinado nivel de estudios mientras se alterna con una actividad laboral retribuida. Tiene una duración máxima de 2 años.
■ El contrato para la obtención de la práctica profesional. Estos contratos podrán celebrarse hasta 3 años después de obtenida la certificación (5 en el caso de personas con discapacidad). Duración: Entre 6 meses y 1 año.
El nuevo contrato fijo en el sector de la construcción
En el sector de la construcción el contrato ordinario también será el indefinido, pero una vez finalizada la obra, la empresa deberá ofrecer una propuesta de recolocación al trabajador. En caso de ser rechazada o no poder producirse llevará a la extinción del contrato con una indemnización del 7% calculada sobre conceptos salariales del convenio.
Contrato fijo discontinuo para la actividad estacional
El contrato fijo discontinuo se establece para trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, con periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.
A efectos de antigüedad se tendrá en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestado.
Control y Régimen Sancionador
La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, incluye nuevos cambios con el objetivo de endurecer las sanciones para aquellos casos de fraude en la contratación.
■ Se potenciará la labor de control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
■ Las sanciones por fraude en la contratación se aplicarán por cada persona trabajadora afectada.
■ Cuantía de entre 1.000 y 10.000 euros, tanto si la contratación es directa como si es a través de ETT.
■ Se sancionan los incumplimientos de las nuevas obligaciones introducidas por la reforma: límites en ERTE y Mecanismo RED, obligaciones formales en el ámbito del contrato fijo discontinuo, etc.
Como siempre estaremos a su disposición en todo momento para su asesoramiento y poder llevar a buen término el cumplimiento de dicha normativa.
Rey Gassó, S.L.
Todos los años por estas fechas queremos recordarles algunos apuntes que hemos de tener en cuenta a la hora de hacer el cierre del ejercicio (recuerden que la fecha de cierre es el 31-12-2021):
Como siempre, quedamos a su entera disposición para solucionarle(s), en lo posible, cualquier duda y aclaración que le pueda surgir.
El cierre del calendario con las entrañables fiestas de la Navidad permite, al equipo de ASSETMO en su conjunto y a mi en particular, como autor de este blog, dirigirnos a ustedes para desearos la mayor de las Felicidades y también el mejor y más Próspero y deseado Año 2022 posible.
(*) Idénticos a los vigentes en el ejercicio 2019, 2020 y 2021
Va per a tú Guillem:
Els teus pares i el teu germà no t’oblidarem mai. ♥
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:
PREÁMBULO
[…]
XV
Como es sabido, la utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios, en sus distintas manifestaciones.
Frente a tales comportamientos, la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, en la línea también seguida por otros países de nuestro entorno, determinó la limitación al uso de efectivo para determinadas operaciones económicas.
Los positivos resultados de dicha norma motivan la modificación que se introduce en el régimen sustantivo de los pagos en efectivo, dirigida a profundizar en la lucha contra el fraude fiscal, disminuyendo el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euro.
[…]
Por lo tanto, se entiende que, siempre que una de las partes sea un empresario, en el ejercicio 2021, desde el 1 de enero hasta el domingo 11 de julio, podrán realizarse pagos o cobros en efectivo de, hasta 2.500 euros, pero a partir de esta fecha, no podrán haberlos por una cifra superior a los 1.000 euros.
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